Un integrante de la pandilla MS-13 le dejó ocho mensajes en el celular a Brenda, demandándole que entregue a su hijo adolescente o de lo contrario sus dos hijos serían desmembrados.
“Te voy a mandar cada dedo que les voy a cortar. Vas a ver qué le pasa a tu hijo”, dice uno de los mensajes.
“O vienes o estás muerta. Sabemos de Gustavito, sabemos de tu bebé. ¿Qué cara…? ¿Quieres que a él le hagamos picadillo también?”
La familia pronto después escapó de Guatemala con esperanzas de llegar a Estados Unidos, pero no sin traer consigo los mensajes grabados y una copia de la denuncia policial que Méndez presentó contra el pandillero, conocido como “El Gato”.
Muchos migrantes están haciendo lo mismo. En momentos en que el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump está dificultando el proceso para recibir a solicitantes de asilo, muchos refugiados han tenido la precaución de tener consigo pruebas de los peligros que corren en casa.
El 1 de julio, la familia esperaba en el lado mexicano de la frontera, en el puente que lleva a Brownsville, Texas.
Incluso con la evidencia que traían consigo, era poco probable que sus gestiones prosperen, luego que el secretario de Justicia, Jeff Sessions, declaró que la violencia de las pandillas y la violencia doméstica no son razón suficiente para que obtengan asilo en Estados Unidos.
Sin embargo, Brenda no se desanimó. Sabía además que existía la posibilidad de que las autoridades estadounidenses la separaran de su esposo y de sus hijos, de 9 y 14 años. Sabía que ellos podrían terminar detenidos.
Con todo, “si esto le salva la vida a mis hijos, no me importa más nada”, dijo al mostrar los contenidos de la carpeta que su esposo, David, guardó celosamente durante la odisea de 2.000 kilómetros (1.200 millas) y que contenía certificados de nacimiento, títulos de propiedad y la copia de la denuncia policial.
Con una sonrisa taciturna, le enseñó a un reportero de The Associated Press los mensajes grabados en su teléfono celular.
Para fundamentar sus pedidos de asilo, muchos migrantes traen grabaciones de audio, fotos de crímenes, documentos policiales e incluso informes forenses: cualquier cosa que pueda dar credibilidad a sus aseveraciones de que no pueden regresar a su país por el peligro que corren allá.
